martes, 10 de diciembre de 2013

Los 10 países que no respetan los Derechos Humanos

En el Día Internacional de los Derechos Humanos todavía hay muchos países que no respetan los derechos fundamentales. En los últimos seis años, el mundo ha sido testigo de un aumento del 70% en el número de países que plantean un "riesgo extremo" para los derechos humanos, según los datos extraídos de la empresa de análisis Maplecroft.

La cifra ha aumentado de 20 en 2008 a 34 este año. Siria (puesto número 1 en 2014), Egipto (16º), Libia (19º), Mali (22º) y Guinea-Bissau (74º) demuestran que a nivel regional, Oriente Medio y África del Norte representan la mayor parte de este incremento.

Además de Siria, Egipto y Libia, otros países en "riesgo extremo" de la región son Irak (7º), Yemen (9º), Irán (11º) y Arabia Saudí (31º). En el África subsahariana, los conflictos étnicos y sectarios han aumentado dicho riesgo. Sudán, República Democrática del Congo (3) y Somalia (5º) se mantienen entre los cinco países en riesgo extremo del mundo.

En Asia, el aumento también es evidente. Los países de mayor riesgo son Pakistán (4º), Afganistán (6º) y Myanmar (octavo). En Bangladesh (17º) y la India (18) las violaciónes sexuales y la falta de derechos laborales representan a su vez un riesgo extremo para estos países.

Maplecroft analiza la frecuencia, la gravedad y el riesgo de complicidad en 35 categorías de los derechos humanos en 197 países. Esto permite a Maplecroft supervisar las violaciónes de derechos humanos desde 2008. Países como Irak, Nigeria, China, Bangladesh, la India, Colombia, Filipinas, Etiopía, Indonesia y Arabia Saudí han experimentado un aumento de los riesgos de derechos humanos desde 2008.



Estos son los 10 países en riesgo extremo:

1.- Siria


El conflicto armado interno entre las fuerzas del gobierno y la oposición, integrada por el Ejército Sirio Libre y otros grupos armados, estuvo caracterizado por la comisión de abusos graves contra los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Las fuerzas del gobierno, responsables de la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos, lanzaron ataques indiscriminados contra zonas residenciales utilizando aviones, proyectiles de artillería, morteros, armas incendiarias y bombas de racimo. Ayudadas por milicias afines, detuvieron a miles de personas, incluso menores de edad, y sometieron a muchas de ellas a desaparición forzada. La tortura y los malos tratos a personas detenidas eran habituales; según varios informes, al menos 550 personas murieron bajo custodia, muchas de ellas tras haber sido torturadas. Otras fueron ejecutadas extrajudicialmente. Seguía habiendo francotiradores de las fuerzas de seguridad que disparaban contra asistentes a manifestaciones pacíficas contra el gobierno o funerales públicos.

Ataques contra periodistas: Los periodistas sufrían hostigamiento de todas las partes en el conflicto, y las fuerzas del gobierno sirio hostigaban también a quienes hacían periodismo ciudadano. Al menos 11 periodistas murieron en ataques que parecían dirigidos específicamente contra ellos, mientras que otros fueron detenidos o tomados como rehenes. También murieron periodistas como consecuencia de bombardeos indiscriminados o de fuego cruzado.

Tortura y otros malos tratos: La tortura y otros malos tratos a detenidos, incluidos menores de edad, eran práctica generalizada, cometida impunemente por las fuerzas del gobierno y sus milicias a fin de obtener información, “confesiones” y castigar y atemorizar a presuntos opositores del gobierno. Se utilizaban métodos como propinar a la víctima fuertes palizas, colgarla de las extremidades o introducida en un neumático, aplicarle descargas eléctricas y violarla o infligirle otros abusos sexuales. Con frecuencia, los detenidos permanecían recluidos en condiciones de hacinamiento e insalubres, sin acceso a tratamiento médico o incluso sometidos a abusos por parte del personal médico.

2.- Sudán


En su guerra particular con Sudán del Sur los acuerdos posteriores a la independencia sobre ciudadanía, reparto del petróleo y demarcación de fronteras sigue en pie. El conflicto en los estados de Darfur, Kordofán del Sur y Nilo Azul hacen de Sudán un país extremadamente peligroso ante el cumplimiento de los derechos humanos. El Servicio de Seguridad Nacional y otros agentes del Estado siguen cometiendo violaciones de derechos humanos contra personas consideradas críticas con el gobierno por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Pena de muerte: En mayo y julio, dos mujeres, Layla Ibrahim Issa Jumul, de 23 años, e Intisar Sharif Abdallah, de 20, fueron condenadas a muerte por lapidación. Ambas habían sido declaradas culpables de adulterio basándose únicamente en su confesión, obtenida mediante coacción. Las dos fueron puestas en libertad tras la apelación.

Conflicto armado: Darfur: Entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre, hombres armados atacaron el pueblo de Hashaba Norte y sus alrededores; se registraron más de 250 víctimas. El 2 de octubre, 4 miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la UNAMID murieron y 8 resultaron heridos en una emboscada en el oeste de Darfur, cerca de su base de El Geneina.

3.- Congo


La precaria situación de seguridad en el este del país sufrió un grave deterioro debido a la proliferación de grupos armados –entre ellos el recién formado grupo 23 de Marzo–, al fácil acceso a municiones y armas y a las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas congoleñas. Los grupos armados y las fuerzas de seguridad gubernamentales amenazaron, hostigaron y detuvieron arbitrariamente a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política.

Violencia contra mujeres y niñas: La intensificación de las hostilidades se cobró un precio terrible en las mujeres y las niñas, que fueron víctimas generalizadas de violación y otras formas de violencia sexual a manos de las FARDC y los grupos armados. Las mujeres y niñas que corrían un riesgo especial eran las que residían en pueblos elegidos como blanco de saqueos y operaciones de intimidación por los grupos armados y el ejército nacional, así como las que vivían en campos para personas desplazadas, que a menudo tenían que recorrer grandes distancias para llegar a sus tierras.

4.- Pakistán


En octubre, el intento de asesinato por los talibanes paquistaníes de una adolescente, activista de los derechos humanos, puso de relieve los graves riesgos que afrontaban periodistas y defensores y defensoras de estos derechos. Las minorías religiosas sufrían persecución y ataques, incluidos homicidios selectivos perpetrados por grupos armados y actos de violencia promovidos contra ellas por líderes religiosos. En las zonas tribales y en la provincia de Baluchistán, los militares y los grupos armados siguieron cometiendo abusos, como desapariciones forzadas, secuestros, tortura y homicidios ilegítimos.

Los tribunales lograron que las autoridades presentaran ante ellos a algunos hombres que habían sido víctimas de desaparición forzada, pero no procesaron a los responsables en juicios justos. En noviembre, las autoridades militares llevaron a cabo una ejecución, la primera que tenía lugar en Pakistán desde 2008. Los ataques contra trabajadores y trabajadoras de la salud afectaron significativamente al acceso a los servicios médicos en las regiones remotas y sumidas en conflictos. En febrero, el Parlamento aprobó una ley que establecía una comisión nacional sobre la condición de la mujer, y en marzo aprobó otra que creaba una comisión nacional de derechos humanos.

Pena de muerte: Había más de 8.300 personas pendientes de ejecución, algunas de ellas desde hacía 20 o 30 años, y durante el año fueron condenadas a muerte 242. En noviembre, las autoridades militares ejecutaron a Muhammad Hussain por matar a un superior y a otras dos personas en el distrito de Okara, provincia de Punyab, después de que el jefe del Estado Mayor del Ejército y el presidente denegaran la petición de indulto. Fue la primera ejecución realizada en Pakistán desde 2008. Aunque el gobierno se desvinculó de la decisión de llevarla acabo, dado que la habían tomado las autoridades militares, a los activistas contra la pena capital les preocupaba el riesgo de que con ella se abriera la puerta a la reanudación de las ejecuciones.

5.- Somalia


Las fuerzas progubernamentales tomaron el control de algunas ciudades clave que estaban en poder de Al Shabaab, entre ellas el puerto de Kismayo. La transición política puso fin al mandato del Gobierno Federal de Transición. En agosto se seleccionó un nuevo Parlamento, en septiembre se designó un nuevo presidente y en octubre se nombró un nuevo primer ministro. Miles de civiles murieron, resultaron heridos o se vieron desplazados debido al conflicto armado y la violencia generalizada. El acceso de los organismos de ayuda humanitaria seguía sufriendo limitaciones debido a los combates, la inseguridad y las restricciones impuestas por las partes en el conflicto. Un total de 18 periodistas perdieron la vida; otros fueron objeto de ataques y hostigamiento y tuvieron que exiliarse. El personal de las organizaciones de ayuda humanitaria y de derechos humanos seguía siendo también el blanco de los ataques. Los grupos armados seguían haciendo reclutamiento forzoso, incluso de niños y niñas, y llevando a cabo secuestros, tortura y homicidios ilegítimos.
Niños y niñas soldados: Al Shabaab seguía reclutando por la fuerza a niños antes de las operaciones militares y en el curso de ellas. La mayoría eran enviados a primera línea. Se acusó también a las milicias afectas al gobierno de seguir reclutando y usando niños y niñas soldados. En julio, el Gobierno Federal de Transición firmó un plan de acción con la ONU para poner fin al reclutamiento y uso de niños y niñas soldados en sus propias fuerzas armadas. Al terminar 2012 la aplicación del plan no había comenzado, y seguía habiendo niños y niñas en las fuerzas armadas gubernamentales.

6.- Afganistán


Miles de civiles siguen sufriendo ataques tanto selectivos como indiscriminados de grupos armados de la oposición. Las fuerzas de seguridad internacionales y nacionales también causaron muertos y heridos en la población civil. Según la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán(UNAMA), más de 2.700 civiles perdieron la vida y 4.805 resultaron heridos, la gran mayoría –el 81%– a manos de grupos armados. La tortura y otros malos tratos eran habituales en los centros de detención de todo el país, pese a algunos esfuerzos del gobierno para reducir su incidencia. La violencia y la discriminación contra mujeres y niñas seguían siendo generalizadas, tanto en el ámbito institucional como en la sociedad en general.

El gobierno trató de imponer controles más estrictos a los medios de comunicación, lo que provocó la indignación de quienes trabajaban en ellos, que seguían sufriendo detención y amenazas de las autoridades y de los grupos armados. La persistencia del conflicto armado obligó a huir de sus hogares a más familias. Seguía habiendo 459.200 personas internamente desplazadas a causa del conflicto;muchas vivían en asentamientos informales, donde el alojamiento, el acceso al agua, la asistencia médica y la educación eran insuficientes. Seguía habiendo alrededor de 2,7 millones de personas refugiadas fuera del país.

7.- Iraq


Miles de personas han sido detenidas, y cientos condenadas a muerte o a la cárcel, muchas de ellas en juicios injustos y por cargos de terrorismo. La tortura y los malos tratos a detenidos siguen siendo prácticas muy extendidas y quedaban impunes. Hay centenares de personas condenadas a muerte. Hubo al menos 129 ejecuciones, 3 de ellas, como mínimo, de mujeres. Grupos armados contrarios al gobierno siguieron cometiendo graves abusos contra los derechos humanos y mataron a cientos de civiles en atentados con explosivos, algunos de ellos suicidas. Se siguieron registrando casos de hostigamiento, intimidación y violencia contra periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación. Más de 67.000 personas procedentes de Siria se refugiaron en Irak.

8.- Myanmar


Dentro del marco de las reformas políticas, jurídicas y económicas en curso, las autoridades liberaron a cientos de presos, aunque seguía habiendo muchos más. Las fuerzas de seguridad y otros agentes estatales continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos, como homicidios ilegítimos, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos y destrucción ilegítima de propiedades y medios de vida. Persistía la impunidad de delitos cometidos en el pasado, incluidos crímenes contra a humanidad.

Conflictos de tierras: Durante el año estallaron protestas por las apropiaciones de tierras y los desalojos. Se creó una comisión parlamentaria para investigar los conflictos de tierras. Según la información recibida, la comisión estudió varios centenares de casos durante el último trimestre del año –de un total de 4.000 informesr ecibidos sobre confiscaciones de tierras– y debía presentar sus conclusiones ante el Parlamento a principios de 2013.

9.- Yemen


La situación de los derechos humanos mejoró durante la transición que siguió a la salida del poder del presidente Salé tras el levantamiento de 2011. Sin embargo, persistió la falta de información sobre la suerte que habían corrido las personas detenidas o desaparecidas durante 2011. La impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno del presidente Salé se afianzó debido a una nueva ley de inmunidad, y la mayoría de los homicidios de manifestantes y otras violaciones de derechos humanos cometidas en 2011 y 2012 no se investigaron.

Se negó también la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en conflictos armados en algunas zonas del país. Más de 20 personas detenidas arbitrariamente durante el levantamiento de 2011 y las ulteriores protestas seguían en prisión o eran víctimas de desaparición forzada.
Continuaron conociéndose casos de tortura y otros malos tratos. Como respuesta a los disturbios del sur del país, las fuerzas de seguridad y grupos vinculados a ellas hicieron un uso excesivo de la fuerza, lo que causó al menos una docena de muertes, y recluyeron arbitrariamente a decenas de personas participantes en las protestas o partidarias de la secesión del sur. Ansar al Sharia, grupo armado, vinculado a Al Qaeda en la Península Arábiga y que controló algunas zonas de la gobernación de Abyan hasta junio, cometió abusos contra los derechos humanos, incluidas ejecuciones sumarias y amputaciones.

Una ofensiva militar del gobierno, con el objetivo de expulsar a Ansar al Sharia de las ciudades que estaban bajo su control, se caracterizó por las violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas por ambos bandos y causó muertes de civiles. Las mujeres y las niñas seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica y sufrían violencia en el ámbito familiar. Se tuvo noticia de la existencia de esclavitud en algunas zonas del país.

10.- Nigeria


Se intensificó la situación de violencia e inseguridad para la población de Nigeria; al menos un millar de personas murieron en ataques del grupo armado islamista Boko Haram en el centro y el norte del país.

La policía y los militares perpetraron con impunidad homicidios ilegítimos y ejecuciones sumarias. Miles de personas fueron desalojadas por la fuerza de sus viviendas en diferentes zonas del país. La reclusión ilegítima y la detención arbitraria eran prácticas habituales.

Boko Haram: Más de un millar de personas murieron en ataques del grupo armado islamista Boko Haram, que reivindicó la autoría de atentados con explosivos y ataques con armas de fuego perpetrados en todo el norte y el centro de Nigeria. El grupo atacó comisarías de policía, cuarteles militares, iglesias, escuelas y oficinas de periódicos, y mató a clérigos y fieles musulmanes y cristianos, a políticos y periodistas y a policías y soldados. En noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que existía una base razonable para creer que Boko Haram llevaba cometiendo crímenes contra la humanidad desde julio de 2009.

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